El proyecto de ley para reformar el sistema educativo de Mendoza no estipula taxativamente la laicidad de la enseñanza pública, como sí lo hace la actual legislación. La ley de educación hoy vigente en nuestra provincia establece en su art. 4 (inc. c) que “los niveles y regímenes del sistema de gestión estatal deberán ser gratuitos y laicos”, una prescripción que no hace otra cosa más que reafirmar lo ya consagrado por la constitución mendocina en su art. 212 (inc. 1), a saber, que “la educación será laica” en todos los establecimientos públicos. Si hoy por hoy el derecho a una educación pública laica está expuesto a un sinfín de conculcaciones en la cotidianeidad escolar (crucifijos en las aulas, imágenes de santos y de la Virgen María en los patios de las escuelas, visitas pastorales de los sacerdotes a los establecimientos educativos con fines proselitistas, distribución gratuita de biblias, rezos de acción de gracias en los refrigerios, celebración del «Día del Santo Patrono Santiago», etc.), cuando la nueva ley entre en vigor y la laicidad deje de estar explícitamente consagrada, quienes luchamos contra los abusos del confesionalismo católico quedaremos jurídicamente inermes. Para preocuparse, y mucho. Con la nueva ley educativa provincial, el respeto a las minorías, lejos de afianzarse, podría retroceder. ¿Que la falta de laicidad educativa es un problema en Salta y no en Mendoza? Allí es mucho más grave que aquí, cierto. Pero compararse con quien está peor es consuelo de tontos. Mejor es dirigir la mirada a un ejemplo superador, como el de Francia, donde la separación entre Iglesia y Estado es completa. ¿Que el proyecto de reforma contempla de algún modo la laicidad a través de otros principios, como la ciudadanía democrática, los derechos humanos y las libertades fundamentales? La línea que separa lo implícito de lo transgredible es muy subjetiva, demasiado delgada. Si no fuese así, no existiría el derecho escrito. La laicidad debe tener una mención explícita, pues no faltarán quienes saquen provecho de su omisión. ¿Qué ocurriría, además, con la tan resistida educación sexual? ¿Y con la no menos combatida promoción de la diversidad de género en las escuelas? Con toda certeza, la omisión de la laicidad en el texto de la nueva norma es altamente funcional a quienes, desde las trincheras del fundamentalismo religioso, combaten su progreso. Otro tanto con la enseñanza de la teoría de la evolución. La omisión de la laicidad constituye una excelente cabeza de playa para la «guerra santa» en su contra. El ejemplo de EE.UU. es por demás aleccionador: en Utah y los estados del Bible Belt, la moral puritana, el heterosexismo y el creacionismo le están ganando la pulseada a la educación sexual, la diversidad de género y la ciencia. No vaya a creerse que este dato es exótico: las iglesias evangélicas que están a la cabeza de dicha cruzada se hallan todas firmemente afincadas en Argentina y Cuyo, con feligresías, infraestructura edilicia, recursos humanos y presencia mediática en acelerada expansión. La amenaza integrista que se cierne sobre la laicidad no es cuento. Que la laicidad educativa tenga respaldo legal y jerarquía constitucional no es un capricho, como tampoco lo es nuestro empeño en defenderla. Se trata de una garantía esencial para el ejercicio pleno de la libertad de pensamiento y conciencia, así como una condición sine qua non de la igualdad y la no-discriminación, derechos humanos fundamentales sin cuya vigencia efectiva el respeto a las minorías propio de la convivencia democrática sería letra muerta (de ahí que estén consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y por ende –la República Argentina es signataria de ambos tratados internacionales–, en la Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). En un país y una provincia de mayoría católica, donde la tentación de deslizarse subrepticiamente hacia formas sutiles –y a veces no tan sutiles– de confesionalismo es mayor, la consagraciónexplícita del principio de laicidad educativa, siempre importante, se vuelve absolutamente imperiosa, pues de lo contrario la convivencia democrática podría degenerar en la tiranía de la mayoría. La escuela pública debe ser puntillosamente neutral en materia religiosa. Abrir sus puertas a la religión es incurrir en parcialidad, en favoritismo; mal que se agrava cuando la confesión privilegiada –premeditadamente o no, poco importa– resulta ser, de hecho, la mayoritaria. La naturalización del unanimismo católico consuetudinario socava la igualdad y el respeto por las minorías. Oponerse a la presencia de la religión en las escuelas públicas no es «odiar» a las personas creyentes que asisten a ellas, ni a sus familias. Esa ridícula idea no es más que un espantajo creado por el confesionalismo para presentar al laicismo como la bestia negra. A la hora de pensar la laicidad, la disyuntiva maniquea religión vs. anti-religión resulta improcedente. Porque a decir verdad, no se trata de optar entre una educación «pro»-religiosa o «anti»-religiosa, sino de optar entre una educación religiosa (privada) o a-religiosa (pública). Como es sabido, el prefijo anti- no denota lo mismo que el prefijo a-, pues uno significa «en contra de» y el otro simplemente «carente de». Cuando se dice que la educación pública es laica, no se está sugiriendo que sea antirreligiosa sino no religiosa, es decir, sin religión, tal como lo prescriben la constitución y la ley actuales de nuestra provincia. Las autoridades escolares de Mendoza consideran improcedentes las acusaciones de confesionalismo porque el diseño curricular de las escuelas públicas provinciales –a diferencia del de los colegios privados católicos– no incluye la materia de catequesis. La coartada es muy pobre, porque la educación de ningún modo se reduce a los contenidos. Hace ya bastante tiempo que la pedagogía ha abandonado el reduccionismo curricular en aras de una concepción más integral o abarcativa de los procesos dEl proyecto de ley para reformar el sistema educativo de Mendoza no estipula taxativamente la laicidad de la enseñanza pública, como sí lo hace la actual legislación. La ley de educación hoy vigente en nuestra provincia establece en su art. 4 (inc. c) que “los niveles y regímenes del sistema de gestión estatal deberán ser gratuitos y laicos”, una prescripción que no hace otra cosa más que reafirmar lo ya consagrado por la constitución mendocina en su art. 212 (inc. 1), a saber, que “la educación será laica” en todos los establecimientos públicos. Si hoy por hoy el derecho a una educación pública laica está expuesto a un sinfín de conculcaciones en la cotidianeidad escolar (crucifijos en las aulas, imágenes de santos y de la Virgen María en los patios de las escuelas, visitas pastorales de los sacerdotes a los establecimientos educativos con fines proselitistas, distribución gratuita de biblias, rezos de acción de gracias en los refrigerios, celebración del «Día del Santo Patrono Santiago», etc.), cuando la nueva ley entre en vigor y la laicidad deje de estar explícitamente consagrada, quienes luchamos contra los abusos del confesionalismo católico quedaremos jurídicamente inermes. Para preocuparse, y mucho. Con la nueva ley educativa provincial, el respeto a las minorías, lejos de afianzarse, podría retroceder. ¿Que la falta de laicidad educativa es un problema en Salta y no en Mendoza? Allí es mucho más grave que aquí, cierto. Pero compararse con quien está peor es consuelo de tontos. Mejor es dirigir la mirada a un ejemplo superador, como el de Francia, donde la separación entre Iglesia y Estado es completa. ¿Que el proyecto de reforma contempla de algún modo la laicidad a través de otros principios, como la ciudadanía democrática, los derechos humanos y las libertades fundamentales? La línea que separa lo implícito de lo transgredible es muy subjetiva, demasiado delgada. Si no fuese así, no existiría el derecho escrito. La laicidad debe tener una mención explícita, pues no faltarán quienes saquen provecho de su omisión. ¿Qué ocurriría, además, con la tan resistida educación sexual? ¿Y con la no menos combatida promoción de la diversidad de género en las escuelas? Con toda certeza, la omisión de la laicidad en el texto de la nueva norma es altamente funcional a quienes, desde las trincheras del fundamentalismo religioso, combaten su progreso. Otro tanto con la enseñanza de la teoría de la evolución. La omisión de la laicidad constituye una excelente cabeza de playa para la «guerra santa» en su contra. El ejemplo de EE.UU. es por demás aleccionador: en Utah y los estados del Bible Belt, la moral puritana, el heterosexismo y el creacionismo le están ganando la pulseada a la educación sexual, la diversidad de género y la ciencia. No vaya a creerse que este dato es exótico: las iglesias evangélicas que están a la cabeza de dicha cruzada se hallan todas firmemente afincadas en Argentina y Cuyo, con feligresías, infraestructura edilicia, recursos humanos y presencia mediática en acelerada expansión. La amenaza integrista que se cierne sobre la laicidad no es cuento. Que la laicidad educativa tenga respaldo legal y jerarquía constitucional no es un capricho, como tampoco lo es nuestro empeño en defenderla. Se trata de una garantía esencial para el ejercicio pleno de la libertad de pensamiento y conciencia, así como una condición sine qua non de la igualdad y la no-discriminación, derechos humanos fundamentales sin cuya vigencia efectiva el respeto a las minorías propio de la convivencia democrática sería letra muerta (de ahí que estén consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y por ende –la República Argentina es signataria de ambos tratados internacionales–, en la Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). En un país y una provincia de mayoría católica, donde la tentación de deslizarse subrepticiamente hacia formas sutiles –y a veces no tan sutiles– de confesionalismo es mayor, la consagraciónexplícita del principio de laicidad educativa, siempre importante, se vuelve absolutamente imperiosa, pues de lo contrario la convivencia democrática podría degenerar en la tiranía de la mayoría. La escuela pública debe ser puntillosamente neutral en materia religiosa. Abrir sus puertas a la religión es incurrir en parcialidad, en favoritismo; mal que se agrava cuando la confesión privilegiada –premeditadamente o no, poco importa– resulta ser, de hecho, la mayoritaria. La naturalización del unanimismo católico consuetudinario socava la igualdad y el respeto por las minorías. Oponerse a la presencia de la religión en las escuelas públicas no es «odiar» a las personas creyentes que asisten a ellas, ni a sus familias. Esa ridícula idea no es más que un espantajo creado por el confesionalismo para presentar al laicismo como la bestia negra. A la hora de pensar la laicidad, la disyuntiva maniquea religión vs. anti-religión resulta improcedente. Porque a decir verdad, no se trata de optar entre una educación «pro»-religiosa o «anti»-religiosa, sino de optar entre una educación religiosa (privada) o a-religiosa (pública). Como es sabido, el prefijo anti- no denota lo mismo que el prefijo a-, pues uno significa «en contra de» y el otro simplemente «carente de». Cuando se dice que la educación pública es laica, no se está sugiriendo que sea antirreligiosa sino no religiosa, es decir, sin religión, tal como lo prescriben la constitución y la ley actuales de nuestra provincia. Las autoridades escolares de Mendoza consideran improcedentes las acusaciones de confesionalismo porque el diseño curricular de las escuelas públicas provinciales –a diferencia del de los colegios privados católicos– no incluye la materia de catequesis. La coartada es muy pobre, porque la educación de ningún modo se reduce a los contenidos. Hace ya bastante tiempo que la pedagogía ha abandonado el reduccionismo curricular en aras de una concepción más integral o abarcativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje que dé cabida a los elementos de tiporelacional y contextual. El diálogo y la interacción entre docente y alumn@s, las efemérides patrias y los actos institucionales, las pautas de convivencia, los recreos y demás componentes de la cultura escolar también forman parte de la educación, criterio que está plenamente avalado por el Consejo de Educación, el Ministerio de Educación y la DGE, como se puede comprobar consultando los distintos documentos emanados de dichos organismos (NAP, DCP, etc.). Por consiguiente, la laicidad educativa implica muchas más cosas que la mera ausencia de catequesis como asignatura formal del PCI. Hasta tal punto la experiencia educativa escolar rebasa el molde de los contenidos formales, que muchos pedagogos (Philip Jackson, Benson Snyder, Henry Giroux, Neil Postman, Michael Haralambos, etc.) hablan de la existencia de un currículum oculto, es decir, la transmisión e incorporación de un conjunto de saberes, procedimientos, actitudes y valores que ocurre en paralelo a la enseñanza-aprendizaje del currículum oficial, a menudo –pero no siempre– de manera indeliberada e inconsciente. De más está decir cuán peligroso puede llegar a ser este fenómeno socioeducativo en el caso de las minorías no católicas de Argentina y Cuyo, que ascienden a la nada despreciable cifra del 23,5% a nivel nacional y 17,4% a nivel regional según la Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas del sociólogo Fortunato Mallimaci (CONICET). Es importante señalar –porque suele confundírselas a la ligera– que laicidad no es ecumenismo. La escuela debe ser neutral, no «estar abierta a todas las religiones». El ecumenismo, al menos en su acepción habitual, excluye al agnosticismo y el ateísmo. Pero eso no es todo. El ecumenismo, en la práctica, sólo puede significar el predominio de la mayoría, o sea, en el caso de Mendoza, el predominio del catolicismo. Las personas católicas tendrían el privilegio tácito de contar con la sólida presencia consuetudinaria –y por ende naturalizada– de símbolos y prácticas acordes a su credo particular (crucifijos, festividad del Patrono Santiago, etc.), mientras que las personas no católicas, huérfanas de un apoyo institucional activo y sin más beneficio que el mero «permiso» de las autoridades, tendrían que cargar sobre sus espaldas con la ardua y delicadísima responsabilidad de hacer efectivo el pluralismo. Mientras que las familias católicas ven sus creencias fomentadas por la propia institución y por el peso del número, las familias no católicas ven las suyas simplementetoleradas. Si fomento y tolerancia no son la misma cosa, y si la igualdad no es una palabra vacía, entonces el unanimismo consuetudinario que disfruta el catolicismo debe ser reemplazado por una política activa de promoción de laicismo. La laicidad educativa tiene hondas y profusas raíces en la historia provincial, nacional y universal, constituyendo una de las tradiciones humanísticas más preciosas de la modernidad: la Carta sobre la tolerancia de John Locke, los filósofos de la Ilustración, la Establishment Clause de la constitución norteamericana, la Revolución Francesa, la Generación de Mayo, las reformas secularizadoras de Rivadavia, la política educativa de Sarmiento, la legislación laicista francesa de la III República, la Ley 1420 de Educación Común (1884), el laicismo de Emilio Civit, los magisterios normalistas, la Escuela Moderna de Francisco Ferrer, la figura de Julio Barcos, las escuelas racionalistas, la Revolución Rusa, la Reforma Universitaria, el movimiento de la Escuela Nueva, la renovación pedagógica de la España republicana, la labor reformadora de la pedagoga mendocina Florencia Fossatti, las escuelas experimentales Nueva Era y Presidente Quintana en nuestra provincia… No permitamos que ese invaluable legado sea presa del olvido. Debemos mantener viva su llama. Pero no basta con incluir la laicidad en la letra de la norma. Es también preciso –y sobre todo– comprometerse con el espíritu que la anima. Para ser efectiva –vale decir, para no ser retórica hueca– la laicidad educativa debiera ser debidamente reglamentada. La nueva ley provincial de educación debiera incluir un artículo en el que se determine con claridad y exactitud qué implica en concreto la laicidad (por ej., la no exhibición de símbolos religiosos en las escuelas públicas). Porque si la reforma legal se limitara a enunciar la laicidad de forma genérica sin «hilar fino», sin dotarla de criterios puntuales de aplicación, dicho principio seguiría siendo letra muerta, una mera declaración de deseos. Y algo más, desde ya, sería necesario: que la Dirección General de Escuelas dieraejecutividad a la laicidad mediante medidas concretas (envío de circulares informativas sobre educación laica a todos los establecimientos, inclusión de la laicidad en el currículum escolar y en las distintas instancias de formación y capacitación docente, sanciones para quienes transgredan las normas de enseñanza laica, etc.). Pero el confesionalismo por acción y omisión está muy arraigado en la DGE. La voluntad política de implementar a fondo una reforma laicista del sistema educativo no ha de aparecer por generación espontánea. La transformación empezará desde abajo, o no empezará. La suerte de la laicidad está en manos de l@s trabajadores de la educación y l@s estudiantes. Suya es la iniciativa estratégica. Sólo ell@s pueden garantizar la educación laica. Pueden garantizarla si se unen, si se organizan, si protestan, si luchan. RECLAMAMOS: – La inclusión explícita de la laicidad en la nueva ley provincial de educación. – La incorporación a la ley de un artículo que dé contenido preciso a la laicidad. – La implementación de medidas concretas que den vigencia real a la laicidad. Colectivo LA HIDRA DE MIL CABEZASe enseñanza-aprendizaje que dé cabida a los elementos de tiporelacional y contextual. El diálogo y la interacción entre docente y alumn@s, las efemérides patrias y los actos institucionales, las pautas de convivencia, los recreos y demás componentes de la cultura escolar también forman parte de la educación, criterio que está plenamente avalado por el Consejo de Educación, el Ministerio de Educación y la DGE, como se puede comprobar consultando los distintos documentos emanados de dichos organismos (NAP, DCP, etc.). Por consiguiente, la laicidad educativa implica muchas más cosas que la mera ausencia de catequesis como asignatura formal del PCI. Hasta tal punto la experiencia educativa escolar rebasa el molde de los contenidos formales, que muchos pedagogos (Philip Jackson, Benson Snyder, Henry Giroux, Neil Postman, Michael Haralambos, etc.) hablan de la existencia de un currículum oculto, es decir, la transmisión e incorporación de un conjunto de saberes, procedimientos, actitudes y valores que ocurre en paralelo a la enseñanza-aprendizaje del currículum oficial, a menudo –pero no siempre– de manera indeliberada e inconsciente. De más está decir cuán peligroso puede llegar a ser este fenómeno socioeducativo en el caso de las minorías no católicas de Argentina y Cuyo, que ascienden a la nada despreciable cifra del 23,5% a nivel nacional y 17,4% a nivel regional según la Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas del sociólogo Fortunato Mallimaci (CONICET). Es importante señalar –porque suele confundírselas a la ligera– que laicidad no es ecumenismo. La escuela debe ser neutral, no «estar abierta a todas las religiones». El ecumenismo, al menos en su acepción habitual, excluye al agnosticismo y el ateísmo. Pero eso no es todo. El ecumenismo, en la práctica, sólo puede significar el predominio de la mayoría, o sea, en el caso de Mendoza, el predominio del catolicismo. Las personas católicas tendrían el privilegio tácito de contar con la sólida presencia consuetudinaria –y por ende naturalizada– de símbolos y prácticas acordes a su credo particular (crucifijos, festividad del Patrono Santiago, etc.), mientras que las personas no católicas, huérfanas de un apoyo institucional activo y sin más beneficio que el mero «permiso» de las autoridades, tendrían que cargar sobre sus espaldas con la ardua y delicadísima responsabilidad de hacer efectivo el pluralismo. Mientras que las familias católicas ven sus creencias fomentadas por la propia institución y por el peso del número, las familias no católicas ven las suyas simplementetoleradas. Si fomento y tolerancia no son la misma cosa, y si la igualdad no es una palabra vacía, entonces el unanimismo consuetudinario que disfruta el catolicismo debe ser reemplazado por una política activa de promoción de laicismo. La laicidad educativa tiene hondas y profusas raíces en la historia provincial, nacional y universal, constituyendo una de las tradiciones humanísticas más preciosas de la modernidad: la Carta sobre la tolerancia de John Locke, los filósofos de la Ilustración, la Establishment Clause de la constitución norteamericana, la Revolución Francesa, la Generación de Mayo, las reformas secularizadoras de Rivadavia, la política educativa de Sarmiento, la legislación laicista francesa de la III República, la Ley 1420 de Educación Común (1884), el laicismo de Emilio Civit, los magisterios normalistas, la Escuela Moderna de Francisco Ferrer, la figura de Julio Barcos, las escuelas racionalistas, la Revolución Rusa, la Reforma Universitaria, el movimiento de la Escuela Nueva, la renovación pedagógica de la España republicana, la labor reformadora de la pedagoga mendocina Florencia Fossatti, las escuelas experimentales Nueva Era y Presidente Quintana en nuestra provincia… No permitamos que ese invaluable legado sea presa del olvido. Debemos mantener viva su llama. Pero no basta con incluir la laicidad en la letra de la norma. Es también preciso –y sobre todo– comprometerse con el espíritu que la anima. Para ser efectiva –vale decir, para no ser retórica hueca– la laicidad educativa debiera ser debidamente reglamentada. La nueva ley provincial de educación debiera incluir un artículo en el que se determine con claridad y exactitud qué implica en concreto la laicidad (por ej., la no exhibición de símbolos religiosos en las escuelas públicas). Porque si la reforma legal se limitara a enunciar la laicidad de forma genérica sin «hilar fino», sin dotarla de criterios puntuales de aplicación, dicho principio seguiría siendo letra muerta, una mera declaración de deseos. Y algo más, desde ya, sería necesario: que la Dirección General de Escuelas dieraejecutividad a la laicidad mediante medidas concretas (envío de circulares informativas sobre educación laica a todos los establecimientos, inclusión de la laicidad en el currículum escolar y en las distintas instancias de formación y capacitación docente, sanciones para quienes transgredan las normas de enseñanza laica, etc.). Pero el confesionalismo por acción y omisión está muy arraigado en la DGE. La voluntad política de implementar a fondo una reforma laicista del sistema educativo no ha de aparecer por generación espontánea. La transformación empezará desde abajo, o no empezará. La suerte de la laicidad está en manos de l@s trabajadores de la educación y l@s estudiantes. Suya es la iniciativa estratégica. Sólo ell@s pueden garantizar la educación laica. Pueden garantizarla si se unen, si se organizan, si protestan, si luchan. RECLAMAMOS: – La inclusión explícita de la laicidad en la nueva ley provincial de educación. – La incorporación a la ley de un artículo que dé contenido preciso a la laicidad. – La implementación de medidas concretas que den vigencia real a la laicidad. Colectivo LA HIDRA DE MIL CABEZAS